Hace unos días, en un debate parlamentario sobre adopción internacional, un portavoz de la oposición en desacuerdo con la gestión que se estaba realizando desde el Departament de Benestar i Família invocó mi condición de madre de una hija adoptada para que, siguiendo mis sentimientos, cambiara de criterio. Aunque no comparto que en política, sin ningún pudor, se utilicen
en el debate elementos de la esfera personal, me pregunto si realmente son diferentes los argumentos que tengo como madre de los que debo tener como consellera para gestionar las adopciones. Entonces y ahora la respuesta es que no.

No puedo confundir el deseo de hacer de madre con un derecho. El único derecho es el de cada niño o niña a contar con personas adultas que cuiden adecuadamente de él o ella. El derecho de los padres que adoptan es que se respete su opción.

No podemos hacer de madres y padres a cualquier precio. Quise y quiero que los niños que adoptamos sean adoptables. Debo exigir que esté meridianamente claro su origen, conocer el máximo posible su historia. Debo tener constancia de las actuaciones destinadas a buscar la existencia de familia extensa, el trabajo efectuado para comprobar si, con ayuda, su madre o padre podrían volver a ocuparse de él. Si la renuncia al hijo engendrado tuvo sentido o era un acto de desesperación, etcétera. Cuando nuestros hijos o hijas pregunten, hemos de poder dar con tranquilidad el máximo de respuestas sobre su pasado.

Cuando la Convención de los Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas, la Constitución y nuestro Estatuto nos recuerdan la obligación de buscar siempre y en primer lugar el interés superior del menor no invocan un principio sin contenido. En el caso de la adopción estamos obligados a estudiar a fondo si esta medida será realmente la mejor para el menor, si realmente no puede seguir con otros familiares o en alguna institución, si no puede ser acogido o adoptado por otras familias de su país. No se puede prescindir de sus derechos a mantenerse en su entorno, a conservar vínculos familiares, a tener un futuro en su país. No debería haber adopción sin cooperación. La adopción internacional debe inscribirse en proyectos más amplios de atención a la infancia en el lugar de origen. No deberíamos adoptar sólo porque no hay otras soluciones en su entorno. No podemos afirmar sin más que su futuro será mejor entre nosotros.

Cada día crece más la demanda de adopción. Hay muchas más familias con deseo de adoptar que niños y niñas que puedan y deban ser adoptados. La pretensión de ver cumplido el deseo de ejercer de madre o padre no puede llevarnos a pensar que es igual el lugar del mundo del que venga el hijo. Desgraciadamente, en muchos de los países en los que podría haber niños disponibles las garantías de los procesos adoptivos son muy escasas. Mi responsabilidad no me permite facilitar a nadie que adopte en lugares donde Unicef recomienda que no se haga para evitar un posible tráfico de niños, en lugares donde no se cuenta con entidades, con organizaciones no gubernamentales que trabajan allí y pueden facilitar información fiable.

Sé muy bien que adoptar es un proceso largo y complejo. No existe la adopción exprés.Son otras legislaciones, otros países, otros ritmos y necesidades. Trabajo para que la burocracia sea la mínima, fundamentalmente porque, más allá de los sentimientos y las urgencias maternales, el tiempo es clave en la infancia.

Ya hay entre nuestros hijos e hijas catalanes un numeroso grupo al que en su día adoptamos y estoy convencida de que para todos ellos ésa fue una opción legal, la mejor de las opciones para su vida. Con mis decisiones actuales tan sólo intento que esa calidad se mantenga en el presente y en el futuro, que las nuevas presiones adoptivas, la apertura a nuevos países, la
autorización de nuevas entidades colaboradoras no degraden el sistema. No tengo dos corazones ni mi razón está escindida. Como consellera y como madre debo pensar primero en la infancia y en sus verdaderas necesidades.

Carme Figueras
La Vanguardia, 19/10/2006