domingo, 17 de diciembre de 2006
Una trama para quedarse con Rafael

Un juez condena a dos parejas de Motril por pactar la adopción ilegal de un bebé


La casa de Juana Fernández en el barrio Huerto de Carrasco, en Motril (Granada), es un santuario repleto de fotografías de los seis primeros meses de vida de Rafael. El crío recién nacido durmiendo plácidamente. En brazos de Juana con un mes, con dos, con tres. Refrescándose en la playa, rollizo y sonriente, durante el verano de 2005. "Es mi hijo, que nadie diga que no lo es porque para mí es mi hijo", insiste ella, aunque sabe que un juez acaba de certificar lo contrario y la ha condenado a un año y nueve meses de prisión por pactar, junto a su marido y los padres biológicos del niño, una adopción sin trámites. La sentencia inhabilita también a los cuatro implicados para ejercer el derecho de patria potestad durante cuatro años. "Si hay que esperar, se espera lo que haga falta. Pero no voy a parar hasta que me lo devuelvan", sostiene Juana.

La sentencia de un Juzgado de Motril desbarata la versión que Juana y su marido, Rafael Amador, han mantenido desde que salió a la luz el caso, en diciembre del año pasado. Y que siguen manteniendo ambos y los padres biológicos del crío, Mercedes Bejar y Juan Carlos Camacho, también condenados a penas de entre uno y dos años de cárcel. "Yo me enteré de que mi marido se acostaba con Mercedes, que era mi amiga. Y me fui a hablar con ella y con ganas de pegarle y ella me dijo que no lo hiciera porque estaba embarazada de él", contaba ayer Juana en un parque de Motril. Según su versión, Mercedes le confesó que no podría mantener al bebé y acordaron que lo criarían Juana y Rafael.

Sin embargo, la historia que da por probada el juez habla de una "trama" en la que los cuatro implicados "actuaron en connivencia". Según la sentencia, Rafael y Juana, que tenían problemas de fertilidad, contactaron entre diciembre de 2004 y enero de 2005 con Juan Carlos y Mercedes y "les propusieron, eludiendo el procedimiento legal de adopción, quedarse como propio el hijo que estos esperaban". Los padres biológicos aceptaron a cambio de que Mercedes, que había roto su relación con Juan Carlos y no tenía empleo ni vivienda, se fuera a vivir con Rafael y Juana. El matrimonio, según el juez, se comprometió a atender todas sus necesidades económicas y a hacer frente a a los gastos del embarazo, el parto y el posparto.

La sentencia se dictó el pasado día 1 de diciembre en conformidad con todos los implicados, aunque Juana insiste en mantener en público su relato de los hechos: "Yo no he comprado al niño. ¿Un niño se vende?". También niega que, como afirma el juez, ella, durante los primeros meses, fingiera en su entorno vecinal y familiar estar embarazada. Y que llegado el día del parto, el 14 de mayo de 2005, "evitando en todo momento que se pudiera desvelar el engaño, eludieron ser atendidos en un centro médico de Motril" y se desplazaron a Granada. "Nació en Granada porque su madre trabajaba allí y estaba más cerca, pero no para esconder nada", insiste Juana.

Juana y Rafael han sido también condenados a un delito de falsedad porque, según el juez, falsificaron los datos en el hospital para que Mercedes, la madre biológica, figurara con el nombre de Juana. Ya en Motril, el matrimonio registró al niño con sus apellidos y lo criaron como hijo. Mercedes "era como su tía", explica Juana, mientras abre y cierra cajones repletos de ropa del niño. Abrigos, pijamas, unas minúsculas zapatillas Nike sin estrenar, el vestido con el que lo bautizaron y un diminuto traje de chaqueta blanco que le pusieron después de la ceremonia. En un pequeño trastero, cuatro coches de paseo, un tacataca, un caballo balancín, más ropa y hasta una moto eléctrica que ya sería osada para un niño de seis o siete años y que resulta desproporcionada en el repertorio de juguetes de un bebé de seis meses. Juana quiere enseñarlo para que quede claro que ella y su marido tenían medios para mantener al crío. "Se ha dicho que nosotros no podíamos cuidarlo, que dormía en un neumático. Es mentira. Al niño no le iba a faltar nada", cuenta. Rafael trabaja en el campo y como ferrallista y, gana, según su mujer, para mantenerlos a todos. Ella ahora está empleada en un locutorio. "Si me quedo en casa me pongo muy mala. Pero en cuanto me den al niño, dejo el trabajo para cuidarlo".

Juana y Rafael no han vuelto a ver al crío desde que la Junta de Andalucía se hizo cargo de él, hace ya un año, después de que se descubriera el caso por un comentario que hizo un familiar de los implicados cuando estaba siendo interrogado judicialmente por otro asunto. Ella está convencida de que acabarán devolviéndole al niño, a pesar de que las pruebas de ADN también han desmontado su versión de que el crío era fruto de una infidelidad de su marido. "A mí no me importa quién sea el padre. El querer que yo le tengo es lo que hace que sea mi hijo", sostiene.


La Junta de Andalucía busca un hogar estable para el niño

Rafael lleva un año viviendo en un centro de acogida de la Junta de Andalucía en Granada especializado en bebés. Llegó con seis meses, después de que el juez decretara una guarda judicial y lo pusiera en manos del gobierno andaluz mientras se aclaraba si, los que figuraban ser sus padres, se habían hecho cargo de él saltándose todos los trámites de una adopción ilegal.

Ya ha cumplido año y medio, y, según fuentes del servicio de Menores de la Junta, ha tenido "una evolución muy positiva". En su expediente médico sólo constan "dos catarros". "Su desarrollo psicológico ha sido acorde a su edad cronológica", aseguran estas fuentes.

Pero 12 meses en un centro de acogida son demasiados para un niño de año y medio, por lo que el Gobierno andaluz ha empezado ya los trámites para buscar un hogar más estable para Rafael. La sentencia dictada por un juez de Motril (Granada) inhabilita para el ejercicio de la patria potestad a sus padres biológicos y a los que intentaron pasar por ellos, por lo que la administración tiene ahora que encontrar el entorno más adecuado para el niño.

La única posibilidad que ha descartado ya la Junta es que siga en el centro. "No queremos que se institucionalice su situación, no sería bueno para él", afirman desde el servicio de Menores. La opción que el Gobierno andaluz se ha marcado como prioritaria es buscar entre la familia extensa del niño (abuelos y tíos), a alguien que quiera y pueda criarlo. En caso contrario, se le buscará una familia de acogida. La sentencia se conoció hace poco más de una semana, pero en la Junta ya advierten de que la decisión hay que tomarla "ofreciendo todas las garantías, pero rápido". "Ya ha estado mucho tiempo en el centro, necesita estabilidad", afirman estas fuentes.

¿Y qué pasará dentro de cuatro años, cuando los padres biológicos y los que actuaron como si lo fueran recuperen su derecho para ejercer la patria potestad? "Habrá que valorar la situación de los padres, pero, sobre todo, los vínculos del niño con su nueva familia. Es muy pequeño y para él cuatro años serán toda su vida", advierten desde el Gobierno andaluz. "Aquí nunca prevalecerá el interés de los adultos, el que nos importa es el del menor".

La sentencia obligará también a la Junta a revisar la situación de los otros tres hijos que tiene ya la madre biológica de Rafael y que, según sus vecinos, tampoco viven con ella.

REYES RINCÓN (Granada)
El País, 16/12/2006

Etiquetas:

 

Enrique Campoamor a las 9:54 a. m. | Permalink |


0 Comments: