Entre tres y siete mujeres filipinas huyen diariamente de los hogares donde trabajan en Kuwait para refugiarse en una casa de acogida situada junto a la embajada de Filipinas en la capital kuwaití.

La situación de la colonia filipina en Kuwait ha llegado a tal extremo que el propio embajador, Ricardo Endaya, ha tomado cartas en el asunto, según el director de la casa de acogida, Josephus B. Jiménez.

El estado de Kuwait tiene una población de 3.700.000 habitantes. De ellos 1.100.000 son locales y el resto, 2.600.000, extranjeros, en su mayoría inmigrantes procedentes de Asia. El número de trabajadores filipinos asciende a 130.000.

Una verja de color blanco separa la calle del centro de acogida, una construcción de tres alturas con un patio de cemento, donde se acumulan las mujeres y sus enseres, porque el espacio es limitado y 95 personas conviven actualmente en esta residencia dependiente del Ministerio de Trabajo filipino.

La necesidad de dinero mueve a estas personas a emprender un largo viaje, legal, a través de una agencia, con papeles en regla y normas de trabajo que, en muchas ocasiones, los dueños de la casa obvian o se saltan sistemáticamente.

Cada mujer es una historia: las noventa y cinco que residen actualmente en el centro de acogida tienen en común los malos tratos o la falta de pago del salario pactado.

Lily Caizan lleva el pelo corto, pero no por voluntad propia. La dueña de la casa en que trabajaba se lo cortó a tijeretazos porque no estaba de acuerdo con su forma de trabajo.

En ocasiones durmió encerrada en el baño, la llave solo se abría a las seis de la mañana para que comenzara a trabajar. Ella narra que intentó hablar con la dueña de la casa, pedirle una explicación, saber qué es lo que hacía mal.

La respuesta llegó esa noche: durante tres días consecutivos permaneció encerrada en el baño. La llave no se abrió ni para darle de comer.

"Al tercer día me abrió la puerta y me mandó a trabajar sin darme comida. Una madrugada vi la llave encima de una mesa, dejé todas mis pertenencias y salí huyendo, dice Caizan, quien asegura haber sufrido golpes y quemaduras.

Chanielyn Tartay dejó marido y un hijo de corta edad en Filipinas. Su esposo e hijo viven con sus padres y ella mandaba mensualmente casi todo su salario.

Tartay trabajaba con otras jóvenes en la casa de un matrimonio son hijos. Su labor consistía en limpiar.

Ella explica que un día la dueña de la casa arrinconó contra la pared y pegó a una compañera de trabajo. Pensó que la mataban.

Abandonó la casa a instancias de la dueña. O se iba o pegaban a su compañera.

En la segunda casa donde trabajó, los niños, según sus palabras, la "cosían" a golpes. "Me fui, no quería responder y tampoco dejar que me pegaran. Estaba perdiendo mi dignidad. Estoy esperando a que me paguen el dinero que me deben para regresar a mi país."

El embajador ha pedido que ningún trabajador filipino cierre un contrato en origen si no recibe al menos el salario mínimo, que en estos momentos está en 120 dinares kuwatíes (360 euros aproximadamente).

El director de la casa de acogida dice que las agencias de colocación kuwaitíes "tienen que hablar con nosotros antes de que se firmen los contratos. Queremos saber dónde van a trabajar nuestras mujeres y en qué condiciones".

Jiménez hace estas declaraciones en su despacho de este refugio, donde se encarga de dar ayuda material y moral a las mujeres.

Nada más llegar, a cada una se le asigna un grupo que está compuesto de unas veinte mujeres. Cada semana tienen que realizar una labor en la casa y una de ellas es la encargada del grupo.

Las labores domésticas varían de semana en semana y, mientras tanto, se intenta resolver la situación de las mujeres.

"Algunos casos, especialmente los de malos tratos, los ponemos en manos de los abogados y los tribunales kuwaitíes nos dan la razón en múltiples ocasiones. Esto quiere decir que no es la sociedad kuwaití la culpable, sino una proporción minoritaria", añade Jiménez.

Cuando se trata de falta de pago en los salarios, la oficina de Jiménez se pone en contacto con los dueños de la casa y se les requiere el salario antes de acudir a los tribunales.

El abogado y miembro de la sociedad kuwaití de Derechos Humanos Abdul Mayed asegura que los casos de explotación y malos tratos existen, y cita el ejemplo de las personas que se encargan de la limpieza de las calles.

"La mayoría de ellos procede de Bangladesh; tiene un salario precario y las compañías de limpieza cobran el dinero al Estado, pero se quedan con una parte del mismo y pagan con retraso, mientras el dinero les rinde intereses en los bancos".

Respecto a las mujeres filipinas que trabajan en el servicio doméstico apunta: "Hay casos como los descritos, pero también denuncias falsas. Muchas mujeres quieren regresar a Filipinas y hacen denuncias para conseguir un billete de regreso que les costaría años de salario".