Ka Kuen Chua regresaba a casa, en las afueras de Manila, cuando seis hombres armados le sacaron a trompicones de su coche y le golpearon con sus fusiles hasta dejarle inconsciente. Le mantuvieron secuestrado en un zulo, con una cadena al cuello y hambriento, durante setenta días.

Unas 49 personas, según organizaciones independientes; y una veintena, en las cifras que maneja la Policía, han vivido este trauma en lo que va de año en Filipinas, en un mal que las autoridades consideran endémico y que ha aumentado junto a la desesperación de los delincuentes debido a la crudeza de la situación económica.

"Los raptos se han convertido en una industria local, esto ha ido demasiado lejos", admitió en marzo pasado el Consejero Nacional de Seguridad, Norberto González.

Aunque no existen cálculos oficiales de la cantidad de dinero que mueve esta actividad en el empobrecido archipiélago, algunos datos arrojan luz sobre la magnitud del fenómeno.

La organización terrorista Abu Sayaf, por ejemplo, recaudó un millón y medio de dólares en 2008, una cifra astronómica en el sur del país donde tienen su base de operaciones, y zona en la que casi el doce por ciento de la población pasa hambre.

"La cuantía del rescate depende del poder adquisitivo de la víctima y de la organización que secuestra. Habitualmente, los sindicatos del crimen cobran en torno a un millón de pesos (unos 20.000 dólares) y los grupos islamistas del sur suelen pedir más. Si el rehén es extranjero, la cifra se multiplica y se abona en dólares", cuenta a Efe el subjefe de la brigada antisecuestros de la Policía, Edgar Iglesia.

"No se puede meter en el mismo saco a los guerrilleros islamistas y a la delincuencia común, más propia de la capital. Los primeros denominan ´gastos de alojamiento y manutención´ al pago y no sólo retienen por dinero, sino también para hacer visible su causa política", añade Iglesia, mientras come con desgana una merienda consistente en un plato de arroz.

Sin embargo, tampoco se puede disociar el componente económico de los secuestros perpetrados por los islamistas en el sur del país, como prueba la alta aceptación social de que gozan en el sur de Mindanao por el desembolso de dinero que suponen para la región.

Así, más de veinte personas fueron arrestadas, entre ellas policías y políticos locales, acusadas de haber facilitado escondrijo y víveres a los abductores de los tres cooperantes de la Cruz Roja capturados en la isla de Joló, el pasado 15 de enero.

Como ocurrió con este caso, las operaciones más mediáticas son las que afectan a extranjeros; pero el blanco más frecuente de las bandas suele ser la adinerada comunidad china (popularmente conocida como "chinoy").

Aunque estos sólo representan el dos por ciento de los casi 90 millones de habitantes de Filipinas, un tercio de los secuestros ocurridos este año fueron cometidos contra personas de origen chino como el arquitecto Ka Kuen Chua, según un estudio de la organización Acción Ciudadana contra el Crimen.

Chua, famoso por haber construido las viviendas de varios personajes de la farándula, fue liberado el 23 de septiembre en una operación policial que desembocó en un tiroteo que acabó con la vida de uno de los secuestradores.

La Policía se decidió a actuar tres días después de que la hermana de Chua depositara más un millón de pesos en el contenedor de basura de una hamburguesería, sin lograr que le soltaran.

"Pasé mucho miedo pero, desde entonces, tengo mucha fe en la fuerzas de seguridad", asegura Chua, quien no puede evitar emocionarse al recordar su pesadilla, durante la que adelgazó más de seis kilos.

"Mis captores no querían hablar conmigo, pero yo les pedía que tuvieran en cuenta a mi madre, de 88 años y enferma. Les preguntaba por Dios", añade Chua, cuyo caso llegó a la Policía y a los periódicos debido a la denuncia de un testigo presencial.

"Mucha gente evita informar a los agentes porque cree que es más seguro negociar directamente con los delincuentes", dice Chua, para explicar por qué difieren tanto las estadísticas oficiales de secuestros respecto a las facilitadas por las asociaciones de ciudadanos.

En este sentido, el Gobierno ha pedido en varias ocasiones que se contacte lo antes posible con las fuerzas del orden y se evite pagar rescates para frenar la expansión del crimen, aunque perdura el temor a que sean agentes de las fuerzas de seguridad los captores.

Sin embargo, la Policía no ve un final cercano a esta lacra, en palabras del comisario Iglesia: "Esa gente no tiene otra manera de ganar dinero. En los últimos meses, hemos neutralizado a tres bandas pero sabemos que cuando vuelvan a estar desesperados se reorganizarán. En Filipinas, el secuestro es una enfermedad crónica".


María Gómez Silva