Azotada por la pobreza y la crueldad de los conflictos armados, el sur de Filipinas esconde una alta tasa de casos de violencia doméstica, una lacra contra la que el Estado filipino se enfrenta con la ayuda de España.

Desde hace aproximadamente un año, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) lleva a cabo en la región de Caraga un proyecto al que destinará cerca de un millón de euros (1,4 millones de dólares) durante los próximos tres años, para asistir a cientos de víctimas de agresiones y violaciones sexuales.

"El objetivo principal es cambiar valores a través de cursos de formación y campañas, apoyar con material y personal a los centros de acogida y facilitar la reinserción de las víctimas de violencia de género en la sociedad", explica a Efe Miguel Ángel Barba, responsable de la AECID en la región.

El proyecto, que se encuentra en la fase inicial, prevé la creación de un centro de acogida en la capital de Caraga, Butuan, que atenderá casos de toda la región, y una campaña de sensibilización contra la violencia doméstica en los medios locales de comunicación.

En esta zona apartada de la isla de Mindanao, la mayor parte de los casos de agresiones o violaciones contra mujeres y menores que se cometen no trascienden más allá de las paredes del hogar porque, como ocurre también en otras partes del país, un amplio sector de la sociedad filipina considera este problema un asunto privado.

Ese mutismo propicia el clima de impunidad en el que viven los agresores y el que la mayoría de las víctimas no tenga más remedio que continuar o regresar al hogar en el que han sufrido los abusos del marido o el tutor, de cuyos ingresos dependen.

"Soy una víctima de violencia sexual. Vine al centro porque mi agresor me está buscando y ha amenazado con matarme a mí y a toda mi familia", relata con voz temblorosa Maricar, una joven residente en el centro de acogida que hay abierto en Butuan, al que se unirá el de la AECID cuando esté terminado.

Maricar, de 16 años y procedente una familia humilde, fue violada por un miembro de un influyente clan familiar de la isla de Dinaca, donde se encuentra su aldea natal.

"Ofreció a mi familia dinero para que no prosiguiéramos con la denuncia, pero nos negamos y comenzaron las amenazas", apostilla la joven.

En los centros de acogida, madres e hijas duermen hacinadas en alcobas, algunos de los aseos están a la intemperie y la comida que se sirve es adquirida con las donaciones que remedian la falta de fondos.

No obstante, las mujeres atendidas se esmeran en mantener limpias las dependencias y resuelven las carencias de forma solidaria y con un manantial de sonrisas agradecidas, porque la "realidad en sus lugares de origen es mucho más dura", explican las trabajadoras sociales.

En la ciudad de Bislig, el centro de mujeres se encuentra, paradójicamente, situado al lado del parque de bomberos que curiosean lo que hacen las residentes desde el otro lado de las ventanas, con rejas aunque faltas de postigos.

Esta región, además de ser una de las más pobres y atrasadas de Filipinas, padece las consecuencias del enquistado conflicto que libran el Ejército y la guerrilla comunista, que causa oleadas de desplazados y rompe un sinfín de familias cada año.

"Vamos a dotar a los centros con personal especializado para el tratamiento psicológico de las víctimas, ya que el Gobierno filipino no cuenta con una terapia de este tipo", destaca el responsable de la AECID.

Aunque se percibe que son cada vez más las mujeres que se atreven a denunciar las agresiones o abusos sexuales, en ocasiones su acción no reciben el apoyo necesario durante el proceso judicial.

"Ni siquiera podemos suministrarle suficiente comida todos los días. Podemos ofrecerles asistencia financiera una vez o dos por semana, pero no de forma continuada durante la duración del juicio", admite Gloria Salvador, trabajadora social con 22 años de experiencia.