De esta forma, se quedarán en casa los fusiles y pistolas a las que son tan aficionados los filipinos, especialmente los políticos de provincias, muchos de los cuales imponen su ley en sus feudos a través de ejércitos privados a los que ahora se quiere ilegalizar.

A las 72 horas de la entrada en vigor de la disposición, han sido arrestadas por violar la restricción más de 70 personas, entre ellas una veintena de funcionarios, policías y militares, pues el decreto establece que únicamente puede ir armado en público el personal de seguridad de servicio debidamente autorizado y uniformado.

El veto quiere poner fin a la costumbre nacional de portar armas en todo momento, con o sin licencia, y también se aplica a los miembros de las fuerzas de seguridad que se encuentren fuera de servicio, pese a las quejas de muchos.

Los periodistas han puesto el grito en el cielo y denuncian que desarmados son blanco fácil para los sicarios de los políticos que les tienen en su "lista negra".

Otros grupos que han criticado la medida son los testigos de crímenes y víctimas de secuestros, mientras se desconoce si quedarán exentos famosos tentados por la política como el boxeador Manny Pacquiao, el mayor ídolo nacional y gran apasionado de las pistolas.

La medida especial promulgada por la Comisión Electoral se puso en marcha el pasado domingo y concluirá el 9 de junio, un mes después de los comicios.

Unas 200 personas fallecieron en las últimas elecciones, hace tres años, una cifra tachada de "normal" por los observadores internacionales que supervisaron la votación, teniendo en cuenta los habituales índices de violencia electoral.

La mayoría de las víctimas murió a manos de mercenarios pagados por candidatos que luchaban por controlar cargos provinciales y municipales.

Muchos de esos asesinos a sueldo pertenecen a los 132 ejércitos privados que campan a sus anchas por el archipiélago, sobre todo en la zona sin ley de la sureña isla de Mindanao, uno de los lugares más peligrosos de Asia.

Una de estas milicias fue la que el pasado noviembre secuestró, ajustició y ocultó en fosas comunes a 57 civiles en la provincia de Maguindanao por supuesta orden de un hijo del entonces gobernador Andal Ampatuan, un notorio cacique y jefe de una dinastía política que acaparaba todo el poder en la provincia.

Aquel suceso causó tal escándalo en Filipinas que el Gobierno declaró la ley marcial en el territorio provincial para impedir una rebelión del clan y anunció que no tolerará más que los ejércitos privados sigan actuando al margen de la ley.

La presidenta saliente, Gloria Macapagal Arroyo, ha ordenado a la Comisión Electoral que descalifique automáticamente a todo aquel candidato que disponga de una milicia y que limite el número de guardaespaldas: veinte para los aspirantes a la presidencia y vicepresidencia, doce para los que opten al Senado y un máximo de cuatro para el resto.

Solo la mitad de los miembros de la escolta podrá ser personal de seguridad privada, un lucrativo negocio que emplea a unas 675.000 personas en Filipinas, el 0,75 por ciento de la población, según datos del sector.

Los demás deberán ser agentes de la Policía, cuerpo que ha decidido de cara a la campaña reorganizar todo su mapa de oficiales para impedir casos de connivencia entre los caciques y las fuerzas de seguridad.

Otra "patata caliente" para las autoridades es el millón de armas sin licencia que circulan por el país pese a la amnistía oficial decretada el pasado agosto para que los filipinos pudieran registrar sus arsenales sin temor a ser procesados por posesión ilícita.

Las 3 "G" de "guns, goons and gold" (pistolas, rufianes y dinero) forman el tradicional lema de las elecciones en Filipinas, donde los políticos actúan como capos mafiosos que imponen la ley del fusil para saquear el erario público en una administración lastrada por la corrupción endémica.