A una semana de las legislativas, la violencia y las denuncias de fraude dominan la campaña electoral, en la que han sido asesinadas 83 personas, entre civiles, políticos y candidatos a las decenas de miles de cargos regionales y municipales en liza.

Según un informe presentado hoy por la Policía, desde el 14 de enero, fecha del inicio de la campaña, han muerto en actos violentos relacionados con la contienda un total de diez candidatos, 37 políticos afines a esas fuerzas, 25 simpatizantes de las mismas y 11 civiles sin lazos con los candidatos.

A ese recuento se añaden las 84 personas heridas en los 123 incidentes violentos registrados por la Policía (cuatro candidatos, quince políticos, 45 colaboradores de campaña y el resto civiles).

Las Policía no descarta que la cifra vaya en aumento y se acerque a la de las presidenciales de 2004 (con 148 asesinatos) o, como mal menor, a las legislativas de 2001 (111 asesinatos en disputas electorales).

Las cifras han levantado la voz de alarma entre los principales diarios de Manila, la mayoría de los cuales muestra hoy la fotografía de una candidata al Congreso cargando un arma y protegida por varios guardaespaldas que velan por su seguridad.

Los analistas consideran que el fenómeno no es algo nuevo, y que forma parte de un estilo de política que en Filipinas se denomina 'guns, goons and gold' (armas, pistoleros y oro), el cual rige la escena electoral desde la independencia del país (1946).

Algunos van más allá y lo relacionan con un sistema que está regido por lo que se conoce como las 'dinastías políticas', los clanes familiares que se prolongan en el poder en cada ciclo electoral.

Ese apego al cargo, consolidado durante décadas, es el detonante de una violencia que estalla cuando los clanes rivales o nuevos candidatos irrumpen en la escena para disputar ese poder, que varía entre las alcaldías y concejalías, los gobiernos provinciales o el escaño al Congreso que corresponde a cada distrito.

Además, y según la información policial, en la actualidad hay 93 'ejércitos privados', algunos formados por antiguos criminales y ex militares, y ahora alquilados por determinados clanes políticos para diseminar la violencia de acuerdo con sus intereses electorales.

Un ejemplo ilustrativo es el ocurrido la semana pasada en Abra, donde seis personas murieron en una emboscada contra el vehículo de Cecilia Luna, la candidata al Congreso por esa provincia del norte de Luzón, y una de las más afectadas por ese tipo de violencia.

Luna, que salió ilesa del atentado, culpó del atentado al actual gobernador de Abra, Vicente Valera, su principal rival político.

En un nivel menos violento, ese proceder se complementa con el de la compra de votos, una práctica habitual en Filipinas, y que desde los púlpitos los sacerdotes católicos están intentando hacer olvidar a sus feligreses.

Las críticas también se dirigen a la Comisión Electoral, el Comelec, una de las instituciones más desprestigiadas del país, con fama de favorecer a los gobiernos de turno.

En las actuales elecciones, el Comelec está en el punto de mira de la oposición, que ya culpó a ese órgano de colaborar en el supuesto fraude electoral de las Presidenciales de 2004, en las que venció Gloria Macapagal Arroyo.

La oposición opina que un nuevo pucherazo está a la vuelta de la esquina para impedir que obtengan una mayoría en el Congreso suficiente para desbancar mediante un juicio político a la presidenta, que ya ha superado dos procedimientos (impeachment).

Este panorama ha despertado la preocupación de EEUU y de la Unión Europea, que enviarán observadores a las áreas más conflictivas para supervisar los comicios.

El Gobierno de Manila ha dado la bienvenida a esas misiones y les ha invitado a observar de primera mano 'la vibrante democracia de Filipinas', según palabras del portavoz presidencial, Ignacio Bunye.