183 familias aguardan el certificado para adoptar en otros países mientras 55 niños asturianos esperan un hogar

«Esperamos acabar con la lista de espera en nueve meses». La consejera de Bienestar Social del Principado, Pilar Rodríguez, se comprometió ayer a liquidar la «parálisis» en la que se encuentran las adopciones internacionales en Asturias a principios del año próximo. Será gracias al convenio suscrito con los Colegios de Psicólogos y Trabajadores Sociales de Asturias, que realizarán los informes psicosociales necesarios para obtener el Certificado de Idoneidad, un documento imprescindible para adoptar.

Asturias acaba de alcanzar un record histórico: 183 personas esperan actualmente en la región por este certificado, que emite la consejería y que los potenciales adoptantes tardan en obtener una media de 18 meses, cuando la legislación establece que ha de realizarse, como máximo, en seis.

Ante esa demora, que ha generado protestas recurrentes por parte de las asociaciones de adoptantes, la consejería ha tenido que recurrir a psicólogos y trabajadores sociales, que conformarán diez equipos de valoración.

Estos nuevos grupos de profesionales comenzarán a trabajar el 1 de junio para intentar agilizar los expedientes que acumulan los tres equipos de la consejería que actualmente se encargan de valorar a las familias asturianas. «Quienes opten libremente» por recurrir a sus servicios deberán abonar 1.000 euros para obtener su preceptivo informe, mientras que quienes sean valorados por los equipos de la consejería, «que se encuentran superados por el número de peticiones», obtendrán su certificado de forma gratuita.

Otras comunidades autónomas españolas cuentan con convenios similares, aunque el coste de la valoración es asumido íntegramente por la Administración. «En Asturias, los 1.000 euros supondrán un 7% de lo que cuesta realizar una adopción internacional, unos 18.000 euros», justificó el precio del nuevo servicio Eva Sánchez, directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, quien precisó que 138 asturianos llevan más de dos años esperando la asignación de un menor.


Cheque impagado

Casualmente, este importe es el mismo que prometió en su discurso de investidura el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, a las familias que formalicen una adopción, un cheque de mil euros en suspenso hasta que se apruebe un crédito extraordinario en la Junta General.

El nuevo acuerdo establece que cada equipo de valoración -formado por un psicólogo y un trabajador social con una experiencia de dos años en familia o infancia o con una formación específica o voluntariado en este campo- dispone de un máximo de 40 días desde que conoce el caso hasta que emite el informe que Bienestar incluirá en el expediente de la familia para determinar si es idónea o no para adoptar.

Pilar Rodríguez subrayó la paradoja de que, mientras que la demanda de adopción internacional por parte de las familias asturianas se ha triplicado en los dos últimos años, «hay 55 niños en los centros públicos esperando ser adoptados, veinte de ellos, menores de cuatro años».

La adopción de menores que residen en los centros de titularidad pública será la prioridad este año en el marco del «plan de choque» anunciado por la consejería para agilizar los acogimientos. El objetivo es acabar con las reticencias que suelen aparecer entre las familias adoptantes, que prefieren un bebé antes que un niño, y que muchas veces se plantean la búsqueda de menores de otras latitudes para asegurarse la distancia -y con ella, posibles problemas- con la familia biológica.

Azahara Villacorta
ElComercioDigital.com