El acuerdo, que busca acabar con 40 años de guerra, da más territorio a los rebeldes

El Tribunal Supremo de Filipinas bloqueó el histórico acuerdo entre el Gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) que iba a ser firmado hoy. La "restricción temporal" de los jueces responde a la negativa de algunos gobernadores católicos de las provincias del sur a convertirse en parte de las autonomías musulmanas del país, mediante referéndum. El pacto busca acabar con un conflicto que ha durado casi 40 años, ha provocado dos millones de desplazados y se ha cobrado la vida de 120.000 personas.

"No construyamos un Muro de Berlín que divida a los pueblos de [la isla de] Mindanao", exclamó ayer el alcalde de Zamboanga, Celso Llobregat, ante unos 10.000 cristianos que se manifestaron para celebrar la decisión del Supremo. Su ciudad es una de las 712 que, si se aprueba el acuerdo, decidirían en plebiscito si se integran en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM). Estos territorios, creados en 1990, disfrutan de sistemas propios de justicia, educación y control de los recursos mineros. Si el pacto termina firmándose, se prevé un considerable aumento de la influencia islámica en Mindanao, donde conviven cuatro millones de musulmanes y nueve de católicos.

Hasta ahora, la ARMM integra las provincias de Lanao del Sur y Maguindanao, las islas de Jolo y Tawi-Tawi y la ciudad de Marawi. La premisa de la comunidad islámica es la recuperación total de los llamados territorios ancestrales. Bajo esta causa, y por la defensa de los derechos de los musulmanes, se fundó en 1978 el FMLI. Con el tiempo se convirtió en una organización separatista armada con más de 12.000 militantes, que sigue enfrentándose al Ejército, pese al alto el fuego proclamado en 2003.

Emmanuel Piñol, gobernador de la provincia de Cotabato y autor de la petición dirigida al alto tribunal, critica que el pacto territorial incluya a ciudades de mayoría católica. Mientras, el Gobierno anunció que acata la demora del acuerdo, pero aseguró que éste podría llevar la paz definitiva al sur de Filipinas.

Ambas partes podrán presentar sus alegaciones hasta el próximo día 15, cuando el Tribunal Supremo analizará de nuevo el pacto. Algunos juristas sostienen que la Constitución del país no permite un referéndum que conlleve un cambio de gobierno, por lo que debería ser enmendada.