La tasa de abortos en Filipinas, práctica ilegal, duplica la de los países de Europa occidental. El final del programa estadounidense de distribución de anticonceptivos previsto para 2008 junto con la toma de control de la planificación familiar por parte del gobierno central, inclinado hacia posiciones católicas, auguran un auge de estas peligrosas intervenciones.

Minda es una masajista peculiar. Sus caricias las emplea para provocar abortos. Esta abuela de 50 años ha perdido la cuenta de los embarazos que ha interrumpido en este país católico donde el aborto es ilegal y un gran tabú, pero donde medio millón de mujeres terminan sus embarazos cada año.

Los abortos clandestinos practicados por curanderos como Minda serán mucho más comunes porque el programa de ayuda del Gobierno de Estados Unidos (UNAID) planea acabar con la distribución de anticonceptivos en Filipinas en 2008. Esto dejará el control de la natalidad en manos del gobierno que, bajo la influencia de los obispos católicos, defiende los poco fiables métodos naturales de planificación familiar en lugar de la píldora o los preservativos.

La mayor parte de las mujeres que buscan estos abortos son como Remy, casada y con varios hijos y demasiado pobre para mantener a otro bebé. La menuda mujer de 44 años, que rehúsa dar su apellido, pagó 150 pesos (algo más de dos euros) por un 'hilot', una matrona tradicional como Minda, para que acabara con su feto de tres meses a base de fuertes golpes y pellizcos en su ombligo.

El procedimiento, que también incluye aporrear la parte baja del abdomen para provocar el aborto, se denomina masaje. "Me sentí culpable pero pensé que era mejor que tener otro hijo que solo sufriría porque no tenemos comida", explicó en una entrevista en una barriada a las afueras de Manila.

Antes del aborto, Remy no había tenido acceso a la planificación familiar artificial. Si lo hubiera tenido, dice que no se habría quedado embarazada y no habría tenido que recurrir al peligroso procedimiento.

Durante el mandato de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo, devota católica que depende del apoyo de los poderosos obispos, el gobierno central ha promovido los métodos naturales de planificación familiar como la abstinencia durante el periodo de ovulación.

La gente con menos recursos, que supone la mayor parte de la población, depende totalmente de la agencia estadounidense USAID, el principal suministrador de anticonceptivos en el país desde hace 30 años.

Pero la USAID está retirando paulatinamente estas mercancías y planea terminar con su programa de donación en 2008. Según la agencia, la decisión está en línea con el deseo de Manila de controlar la planificación familiar.

Situación desesperada

Las autoridades advierten que si el gobierno central no continúa con la labor de USAID la tasa de abortos, que ya duplica la de Europa occidental donde son legales y accesibles, se disparará en el país.

"Los suministros [de anticonceptivos] ya se han terminado en muchas ciudades en las que la situación es desesperada", explica Alberto Romualdez, ex secretario de sanidad durante el gobierno de Joseph Estrada.

Los clérigos católicos de Filipinas instan a sus congregaciones a que usen métodos naturales en lugar de la píldora anticonceptiva. "La planificación familiar natural es una buena opción, no sólo buena sino efectiva", declaró a Reuters el padre Melvin Castro, secretario de la Comisión Episcopal de Familia y Vida.

Alrededor de la mitad de las mujeres que abortan en Filipinas no usa ningún método de control y de las que sí lo hacen, el 75% utilizaba alguno de los que defiende el gobierno, como el del ritmo o la marcha atrás, de acuerdo con un informe del Instituto Guttmacher de Estados Unidos. Ambos métodos tienen una elevada tasa de fallo.

Se estima que la población, que actualmente alcanza los 89 millones, crecerá hasta los 142 millones en 2040 y la rápida llegada de nuevas bocas que alimentar ya está forzando la desgastada infraestructura del país y contrarrestando los esfuerzos para terminar con la pobreza.

Ignorancia y rumores

Las mujeres que abortan en Filipinas pueden pasar hasta seis años en la cárcel y aquellos que las ayuden o asistan se enfrentan a sentencias similares y a la pérdida de la licencia médica, si la tienen.

Sólo una de cada cuatro mujeres se somete a un aborto quirúrgico, según el Instituto Guttmacher. El precio, de 4.000 a 15.000 pesos (entre 80 y 300 euros), de las clínicas privadas está fuera del alcance de la mayor parte de los bolsillos.

Un 30% toma Cytotec (misoprostol), un fármaco para las úlceras estomacales que se puede comprar en la farmacia, o brebajes de hierbas, que venden en puestos situados enfrente de las iglesias. Un 20% toma remedios hormonales o Aspirina, y otras medicaciones mezcladas con alcohol. Algunas dejan de comer o se tiran por las escaleras. La mayoría sólo tiene éxito tras varios intentos. Entre las mujeres pobres, alrededor del 20% paga los masajes de un 'hilot' o introducen catéteres a través de su vagina.

El doctor Junice Melgar, directora ejecutiva de Likhann, una organización de salud de la mujer, señala que la falta de anticoncepción artificial y los mitos acerca de sus efectos secundarios está hacienda que mucha gente pobre no las use.

"Las mujeres tienen mucho miedo", explica. "Hay mujeres que optan por abortar antes que por la planificación familiar debido a los temores infundados".

La ignorancia y los rumores, que a veces hacen correr grupos pro-vida y miembros del clérigo, han hecho creer a muchos Filipinos que las píldoras anticonceptivas están hechas de placenta y que se acumulan en el abdomen y provocan cáncer.

Aunque apenas hay diálogo público sobre el aborto, cerca de 80.00 mujeres son tratadas en los hospitales cada año a consecuencia de complicaciones de abortos inducidos, según informes de sanidad. Al menos 800 mueren.

Mina, la 'hilot', cuenta que está teniendo problemas de conciencia. Esta madre de nueve hijos administra pastillas y emplea fuertes golpes para empujar el feto hacia abajo. "Estoy preocupada por mi karma. Pero también me siento culpable por aquellas que se someten a un aborto".


Carmel Crimmins (REUTERS)
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