Falsos trámites de apadrinamiento, compraventa de menores y sustracción, son las formas más comunes que, a criterio de la Fiscalía de Guatemala, utilizan las 'mafias' dedicadas a las adopciones ilegales, negocio que representa ganancias anuales de unos 200 millones de dólares

"En estos casos se ha logrado establecer que participan jaladores (ladrones de menores), abogados, madres de los menores e incluso empleados del Registro Civil de algunas municipalidades, entre otros", sostuvo a periodistas un investigador de la Fiscalía de la Niñez Víctima.

Estos factores son los que hacen que los investigadores del Ministerio Público (Fiscalía) deduzcan que es "toda una mafia" la que está involucrada en el robo de niños para entregarlos en adopción, toda vez que, al año se tramitan más de 4.000 casos que dejan ganancias de alrededor de 200 millones de dólares.

Y es que un sólo proceso de adopción en Guatemala llega a costar hasta 50.000 dólares. En los últimos meses, las solicitudes se han incrementado en la Procuraduría General de la Nación (PGN) ante la inminente entrada en vigencia del Convenio de la Haya en Estados Unidos, principal destino de los menores.

De acuerdo a los procesos que manejan en la Fiscalía de la Niñez Víctima, especialmente en el área rural, los jaladores ofrecen a los pobladores un supuesto plan de apadrinamiento para sus hijos y luego les piden que firmen documentos que los comprometen a la entrega del menor en adopción.

"Con engaños les compran a los niños y cuando los padres se niegan a firmar los documentos buscan la forma de sustraer a los menores de sus hogares, situación que ha provocado el malestar de los pobladores que incluso han llegado a hacer justicia por mano propia", agregó el investigador.

El pasado 6 de julio, un hombre murió y dos mujeres más resultaron con heridas de consideración, después de que una turba en Dolores, Petén (unos 505 kilómetros al norte de la ciudad), los acusara del delito de robo de niños. En lo que va del año se han informado de al menos 5 muertos y más de una decena de heridos.

Otro factor que podría incidir en la aplicación de justicia por mano propia es que el Código Penal establece para la sustracción de menores una pena máxima de tres años de prisión, los cuales son conmutables con el pago de una fianza.

Para la Fiscalía este tipo de delitos no ha significado incremento alguno, pues sus estadísticas reflejan que a nivel de la ciudad sólo existen 255 denuncias, mientras que el año pasado registraron 811 denuncias en todo el año.

En tanto, autoridades de la PGN sostienen que este tipo de organizaciones podrían haberse incrementado en los últimos meses ante el anuncio de Estados Unidos, principal destino de los menores guatemaltecos, de que no recibirá niños de países que no hayan ratificado el Convenio de La Haya.

De acuerdo con los registros de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, mientras en 2006 se conocían alrededor de 50 casos mensuales de sustracción de menores, en lo que va del año se han recibido hasta 100 denuncias cada mes.

Univision.com